La Universidad Nacional del Litoral y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe firmaron un convenio de cooperación específica a partir del cual la UNL se compromete a llevar a cabo la encuesta e informe respectivo sobre ciberdelitos en la ciudad de Santa Fe. En el acto, en representación, estuvieron el rector Enrique Mammarella; la decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL, Liliana Dillon; los defensores del Pueblo Jorge Henn y Gabriel Savino; entre otras autoridades e integrantes de ambas instituciones.

El objetivo por parte de la Defensoría es obtener, mediante la encuesta realizada, datos certeros en función de rango de edades de las víctimas de delitos y estafas cibernéticas, caracterización de la población afectada, modalidad del acto delictivo, entre otros aspectos; a partir de los cuales diseñar campañas dirigidas a dichos sectores. Esto servirá para comenzar a generar recomendaciones por parte de la Defensoría a distintas entidades como bancos, compañías telefónicas, entre otras, sobre de qué manera actuar ante posibles estafas.

Para cumplir con lo acordado en la rúbrica, la UNL pone a disposición las capacidades y competencias con las que cuenta la Facultad de Ciencias Económicas, a través del Observatorio Social de la Universidad. Cabe destacar que el Observatorio cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales con un extenso recorrido en la realización de relevamientos cualitativos y cuantitativos, orientados principalmente, a la detección y medición de las necesidades de los actores sociales que viven en la ciudad de Santa Fe y la región, procurando obtener indicadores comparables en el tiempo sobre distintos aspectos de interés para la comunidad.

Por su parte, la Defensoría suministró el formato de la encuesta, considerando población objetivo, parametrizaciones y otras especificaciones técnicas.

Ciberdelitos, primero en actos delictivos de Santa Fe

“La problemática de los ciberdelitos está en el primer lugar dentro de los actos delictivos que recibe la Defensoría del Pueblo, como también las instituciones policiales. Todos hemos sido víctimas de ciberdelitos o estuvimos cerca de serlo. En estos tiempos, es necesario trabajar una política pública desde Ministerio Público de la Acusación Provincia de Santa Fe, junto a los bancos en la prevención; y para eso se necesita información y datos”, aseguró Henn para luego completar: “No obstante, percibimos un alto porcentaje de ciudadanos que no denuncian ni en la Fiscalía ni en la Defensoría del Pueblo. Justamente este convenio tiene que ver con una encuesta que va a medir lo que el dato duro no mide, es decir la gente que no denuncia si fue víctima de un ciberdelito y cuál es la razón por la que no recurre a los espacios institucionales. Sin lugar a dudas va a ser una herramienta importantísima para abordar un tema que, día a día, afecta a un gran porcentaje de la población de Santa Fe y para lo cual, las respuestas son insuficientes”. En esa línea, el propósito de la encuesta es producir información específica sobre ciberdelito que, al ser transferida al organismo público, favorezca los procesos de toma de decisiones, en pos de disminuir y prevenir los actos delictivos a los ciudadanos. Para ello, el Observatorio Social ha diseñado un tamaño muestral y un relevamiento que garantice la representatividad de la encuesta en la ciudad de Santa Fe, y que los informes que se generen a partir de ahí, sean fidedignos.

Por su parte, Liliana Dillon destacó que el convenio “no sólo permitirá contar con información acerca de la cantidad y de las distintas formas que toma el ciberdelito, sino que se podrá fortalecer y dar continuidad al vínculo con la Defensoría, y a partir de allí, generar procesos de alfabetización, generar conciencia, tomar dimensión del cual es el público afectado por los ciberdelitos, con lo cual seguramente nos vamos a sorprender porque pensemos en los sectores más vulnerables como los adultos mayores, pero que seguramente nos encontraremos con rangos de poblaciones mucho menores que también son víctimas de estafas a partir de la confianza o de la inocencia con las que se gestionan a veces las redes sociales. Es el primero de muchos pasos que podemos llegar a transitar en el tema de ciberdelitos”.

La producción de información cualitativa y cuantitativa e indicadores sociales en la región Litoral son valiosos insumos para el análisis social y la definición de demandas respecto a la problemática abordada, “para los organismos que trabajamos vinculados a los derechos humanos, la Universidad es una consultora esencial al momento de tomar decisiones que tienen que ver con los ciudadanos”, expresó Henn, refiriéndose al trabajo conjunto que inician la Defensoría del Pueblo, junto a la UNL, la Facultad de Ciencias Económicas y el Observatorio Social. Acerca de la posibilidad de extender la encuesta al resto de las localidades de la provincia, Henn afirmó que es una posibilidad a futuro, “ya que existen cifras negras que no están proporcionadas por los espacios policiales y de justicia. Sabemos que esta encuesta va a ofrecer una muestra y cifras muy diferentes a la que indican los datos oficiales. Lógicamente que esta información es para ponerla a disposición de quienes tienen que tomar decisiones. Las Defensorías de Pueblo pueden actuar, no solamente frente al hecho consumado, sino generar elementos o herramientas para prevenir que este tipo de cosas no pasen porque tiene un impacto social mucho más importante”, concluyó.