La Defensoría del Pueblo participa del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre

Raúl Lamberto estuvo presente en un encuentro virtual. El defensor del Pueblo santafesino remarcó la importancia de la economía social solidaria como herramienta para la inclusión.
DEFENSORIA DEL PUEBLO REUNION VIRTUAL
Raúl Lamberto participó de una reunión virtual del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre.

El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, participó de una reunión virtual del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, coordinado por el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. La institución santafesina integró esta tercera comisión de trabajo a través de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), por la que también estuvieron Ismael Rins, defensor del Pueblo de Río Cuarto, y Adriana Santagati, defensora de Río Negro.

El defensor santafesino remarcó durante la reunión, llevada a cabo a través de la plataforma Zoom, la experiencia del organismo santafesino respecto de políticas de inclusión e hizo especial referencia a la publicación recientemente realizada, en conjunto con la Universidad Nacional del Litoral (UNL), sobre Políticas Públicas y Economía Social Solidaria.

“Los principios de la economía solidaria (ESS) se separan de los dominantes en la actualidad. Toda acción debe considerar a la unidad doméstica por sobre la empresa, al trabajo por sobre el capital, a la ayuda mutua frente a la competencia y al asociativismo y la solidaridad frente al individualismo”, afirmó el santafesino.

En ese sentido, agregó que la “ESS supone una renovada y creativa solución técnico práctica, dirigida a incluir o reincluir en los circuitos de la producción y del empleo a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que por múltiples circunstancias han perdido su fuente tradicional de ingresos”. “Son una estrategia de desarrollo en sí mismas”, reforzó.

El Consejo Federal es una política pública del Estado nacional que procura combatir la desnutrición en el país mediante diversas medidas económicas y sociales. La comisión se centró en analizar políticas públicas que promuevan la producción y comercialización para la soberanía alimentaria.

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